Tal y como pedía la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado este jueves a España a pagar 15 millones de euros por no haber transpuesto todavía la directiva sobre protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales ni haber comunicado las medidas de transposición. A esta cantidad, según señala la sentencia, se sumará una multa coercitiva de 89.000 euros por cada día de retraso que se prolongue el incumplimiento, a contar desde este 25 de febrero.

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